Las empresas de análisis forense de blockchain se alinean con los intereses de los gobiernos, que buscan empujar a los usuarios a utilizar Bitcoin conforme a sus directrices mediante procedimientos de KYC, penalizando a quienes se desvían del camino establecido.
No importa si esto implica perjudicar a personas inocentes; lo esencial es disuadir a otros usuarios y consolidar un sistema que se ajuste a sus objetivos. Esto sucede a pesar de que estos análisis suelen ser sesgados y erróneos en numerosas ocasiones.