*Represión e Impunidad en el Estado Trujillo bajo la Administración de Gerardo Márquez* ​La situación en el estado Trujillo, Venezuela, pinta un cuadro alarmante donde la persecución política ha escalado hasta configurar una estructura de poder que se percibe como hostil y adversaria a los propios ciudadanos. Este escenario, según la denuncia, se ve agravado por una impunidad institucional que no solo existe, sino que se transforma en el cómplice silencioso y tácito de las acciones represivas. Es una crítica directa a la desnaturalización del Estado regional, cuyo fin primario debería ser la protección y garantía de los derechos de sus habitantes, pero que, en cambio, se orienta hacia el control y la coerción. ​El liderazgo político bajo el cual se desarrollaría este supuesto patrón de atropellos es el del actual gobernador, Gerardo Márquez. ​Se puede sostener que la entidad federal trujillana se encuentra inmersa en una dinámica de gobernanza donde las herramientas del Estado son presuntamente desviadas para fines de control político y hostigamiento contra voces disidentes y la ciudadanía en general. La esencia de esta controversia radica en la presunción de que el aparato gubernamental, en lugar de ser un garante del orden constitucional y de los derechos fundamentales, ha sido instrumentalizado para ejercer una represión selectiva que busca sofocar cualquier forma de oposición o crítica a la gestión. ​La persecución política no solo se manifiesta a través de detenciones arbitrarias o el uso desproporcionado de la fuerza pública, sino que también puede tomar formas más sutiles, pero igualmente devastadoras: la marginación administrativa, el uso sesgado de las instituciones judiciales, la intimidación a periodistas y defensores de derechos humanos, y la coacción económica. Estos métodos, en conjunto, dibujarían un entorno en el cual el miedo se convierte en un factor predominante en la vida cotidiana de los trujillanos. ​En este contexto de vulneración, la impunidad institucional juega un papel central y corrosivo. No se trata simplemente de la ausencia de justicia; se configura como un mecanismo activo de blindaje para quienes ejercen la represión. Cuando las denuncias por abusos de poder no prosperan, cuando las investigaciones se estancan o son desestimadas de forma sistemática, se envía un mensaje inequívoco: los responsables de la represión operan con la certeza de que no serán sancionados. Esta falta de rendición de cuentas institucionaliza la represión, transformándola de un acto aislado a una política de facto. ​Bajo la administración del gobernador Gerardo Márquez, la crítica sugiere que se ha consolidado un modelo donde la lealtad política se impone sobre la legalidad y el respeto a las garantías constitucionales. La dirección de un estado en estas condiciones exige un análisis riguroso sobre cómo las políticas y las directrices emanadas desde el Poder Ejecutivo Regional impactan en la convivencia social y el respeto al disenso. El señalamiento de que el Estado se torna un "enemigo de los ciudadanos" es una grave acusación que refleja una profunda crisis de confianza entre la población y sus gobernantes, una ruptura del contrato social fundamental donde el poder público es percibido como una amenaza más que como un protector. La responsabilidad de revertir este clima de desconfianza y de garantizar un auténtico Estado de Derecho recae, indudablemente, en la máxima autoridad regional, que es el gobernador Gerardo Márquez, y en todas las estructuras de poder que le son subordinadas o que deberían ejercer un contrapeso. La persistencia de la impunidad solo sirve para perpetuar y agravar el ciclo de la represión. #Venezuela2025